De la desigualdad de los territorios

Publicado en el diario Viva Jaén el 29-3-08

Efectivamente, si, a nivel de todo el Estado, las diferencias del peso electoral respecto de unos a otros partidos son abrumadoras, territorialmente esas diferencias lo son mucho más, dándose el caso de que un partido puede no obtener escaño en una provincia con muchos más votos que otro partido que saca dos diputados en otra distinta, pero el colmo de la sin razón lo encontramos en la comparación del número de votos por escaño de un mismo partido según la circunscripción electoral. Veamos cuantos votos ha necesitado el PSOE por cada escaño en tres provincias distintas:

 Circ Jaén

Como se deduce del cuadro anterior, este partido ha necesitado casi el doble de votos para obtener un diputado en Jaén si lo comparamos con los necesitados en Álava. La comparación es muy parecida con el caso de Ávila. Por comunidades, esa diferencia es más ostensible aún.

 Comunidad

Para obtener un escaño en Andalucía, ese mismo partido, necesita casi seis veces el número de votos que para obtenerlo en el País Vasco.

Ciertamente, de este desigual valor de los voto, en gran parte, es responsable la regla D´HONT, que establece la forma de reparto de los escaños, pero no podemos atribuirle todos los defectos de nuestro sistema electoral a esta caprichosa manera de discriminación que supone dicha regla, los desequilibrios territoriales también son achacables al reparto de escaños por circunscripción, reparto, también discriminatorio para las comunidades más pobladas:

Censo

Una simple operación matemática nos pone de relieve la grave discriminación de Andalucía respecto al País Vasco o respecto a Castilla León, ya que ateniéndonos al número de escaños otorgados a esta última comunidad, y según su censo electoral, a Andalucía, en justicia, por el suyo, le corresponderían 94 diputados en vez de los 61 que tiene asignados.

Queda claro, pues, que nuestra ley electoral es injusta por discriminatoria, tanto con los partidos, como con los territorios. La injusticia siempre es “injusta”, ya que consagra privilegios y nada hay más reñido con la democracia que esos privilegios de unos ciudadanos frente a otros y de unos territorios con respecto a otros. No es admisible, bajo ningún concepto, la consagración, como hace nuestra Ley Electoral, de territorios de categorías distintas y por ende de ciudadanos privilegiados. En democracia, todos debemos ser iguales ante la Ley, independientemente de dónde hayamos nacido o vivamos, o a qué partido votemos. Yo tengo derecho a que mi voto valga exactamente igual vote a quien vote, y valga exactamente igual que el voto de un guipuzcoano.

Lo peor de este sistema es que esos desequilibrios producen tremendos perjuicios de índole político y económico como ya apuntaba en el primer artículo de esta serie, por no hablar de las tensiones que el bipartidismo provoca enrareciendo el clima político de este país.

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